La adhesión al RIGI tuvo el respaldo de la Cámara de Diputados

Por mayoría, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de adhesión al Régimen Incentivo para Grandes Inversores, más conocido como RIGI. Se trata de una iniciativa del Gobierno nacional, que establece un marco regulatorio para entre otras medidas, beneficios para empresas. Ahora será tratado en el Senado.

La votación fue de 23 votos a favor de los bloques Cambia San Luis-UCR y Acuerdo por el Interior Sanluiseño; mientras que los 16 diputados que responden al ex gobernador Alberto Rodríguez Saá lo hicieron en contra.

El proyecto había sido remitido a la Legislatura por el Gobierno que desde un primer momento tomó la decisión política de aprovechar las oportunidades previstas por esta herramienta impulsada por la Nación.

El despacho sostiene que la Provincia adhiere al RIGI, más precisamente al Título VII de la Ley Nacional Bases N°27.742, en sus capítulos I al XII y los artículos 164 al 228. Esta norma establece un marco regulatorio “de incentivos impositivos, certidumbre económica y seguridad jurídica, que habilita el fomento de grandes inversiones en la provincia de San Luis”.

La adhesión ratifica la vigencia de la ley de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero, con el fin de excluir la megaminería de las inversiones posibles en San Luis. Por último, sostiene que la autoridad de aplicación será el ministerio de Desarrollo Productivo o el organismo que lo reemplace.

Durante la jornada, asambleas ambientalistas se manifestaron con bombos y panfletos en contra de la adhesión en el ingreso principal a la Legislatura. Hubo grupos también que gritaron y hasta escupieron desde las gradas del recinto. Este lunes habían participado de una reunión ampliada de las comisiones que trataron el proyecto, y ratificaron su postura en contra.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Carlos “Charly” Pereira pidió el tratamiento sobre tablas por razones de urgencia recordando que ya habían pasado 60 días desde la promulgación de la ley nacional y que el régimen da una ventana de adhesión a proyectos de inversión de dos años. A su vez detalló que el ministerio de Desarrollo Productivo ya había iniciado diálogos tendientes a promover inversiones.

Pereira leyó los artículos citando a su vez la norma nacional. “Las grandes inversiones que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios”, remarcó.

A su vez recordó la “cláusula de prosperidad” de la Constitución Nacional de 1994, en la que el Congreso obtuvo la atribución de “proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias”. “Acá en esta redacción está el núcleo medular por los cual Argentina fue una potencia como estado nación a fines de siglo XIX y comienzos del XX”, aseguró.

También enumeró algunos objetivos del RIGI como lo son la prosperidad del país, la promoción del desarrollo económico, el incremento de las exportaciones de mercaderías y servicios y la creación de empleo.

Sumó a eso lo expresado en las últimas semanas por el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, sobre las posibilidades en desarrollo tecnológico y energías renovables.

“Es un esquema de incentivos económicos, impositivos, de conferir seguridad jurídica, a los efectos que le pueda dar a la provincia una cláusula de futuro. En este escenario de oportunidades donde más advertimos que San Luis puede tener desarrollo potencial y un cambio de matriz productiva, es en lo relativo a energías limpias. Parques solares, de energía eólica, aprovechando las características de nuestro sol y viento nos va a dar como región una ventaja competitiva y la posibilidad de tener superávit energético”, argumentó.

Por último se detuvo en la exclusión de la megaminería y la minería metalífera dispuesto en el artículo 2 de la adhesión y que la autoridad de aplicación será el ministerio de Desarrollo Productivo quien para el legislador tendrá “el poder de policía sobre cualquier inversión”

Desde la oposición, se expresó la diputada albertista Gloria Petrino, quien criticó la adhesión bajo el argumento de que anula cualquier legislación provincial o de menor jerarquía que busque regularla. A su vez cuestionó que no se incluya a pequeños y medianos emprendimientos.

“Estamos entregando la soberanía de nuestros recursos, para que el ministro de Economía de la Nación lo administre, o el que esté de turno. Lo que sabemos es que va a disponer de nuestro suelo, agua, salud”, afirmó.

“Son las jurisdicciones provinciales las que tienen que habilitar a los emprendimientos que surjan, la provincia es la autoridad de aplicación. Creemos que va a generar trabajo genuino, significa para la provincia una nueva promoción industrial”, aportó la presidente del bloque Cambia San Luis, Eugenia Gallardo.

Interrumpida por los ambientalistas en las gradas, consideró que no estaban dadas las condiciones para continuar el debate, por lo que pidió el cierre y la votación de la norma, algo que terminó ocurriendo. Minutos después la sesión concluyó.